La resolución fortalece el mandato de la misión de investigación creada en marzo, teniendo en cuenta las atrocidades que se han descubierto desde entonces.
La emisión reiteró que este y los pasados incidentes constituyen una violación flagrante del derecho internacional y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
La resolución también pide a Bachelet que proporcione una actualización en la sesión de junio del Consejo sobre las violaciones en la ciudad de Mariúpol.