El Tribunal consideró que las circunstancias agravantes de menor edad y de parentesco que hacían preceptiva la pena de muerte estaban claramente demostradas.
Todos los países retencionistas que respondieron indicaron que las leyes no permitían imponer la pena de muerte a personas que hubieran perdido la razón.
Michelle Bachelet aseguró que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte tras juicios que no cumplían las garantías de un proceso justo.
El general Francisco Franco, dictador eterno de España, había asumido la responsabilidad de decidir el destino final de tres separatistas vascos que acababan de ser condenados a muerte.