El Gobierno de Transición ha avanzado considerablemente en el programa legislativo, en particular con la aprobación en noviembre de la ley de amnistía.
La comisión no está facultada para conceder amnistía, pero puede determinar los “delitos de índole política” respecto de los cuales cabe adoptar una ley de amnistía.
Así por ejemplo, la Argentina, Chile y Polonia han abrogado las leyes de amnistía promulgadas por el régimen autoritario o durante la transición, que infringían sus obligaciones internacionales.
También instó al Gobierno a que ampliara la amnistía para los combatientes de base del Ejército de Resistencia del Señor y les ayudara a integrarse en sus comunidades.
Varias decisiones recientes han confirmado la incompatibilidad de las medidas de amnistía con la obligación de los Estados de castigar los delitos graves punibles según el derecho internacional.
Se realizan operaciones específicas a fin de recoger armas o municiones entregadas voluntariamente en condiciones de amnistía o, en caso necesario, en intervenciones provistas de objetivos más concretos.
No se trata de un proceso de amnistía como tal; no difiere mucho de los acuerdos obtenidos mediante la negociación de los cargos entre el Estado y el delincuente.
Se realizan operaciones específicas con las autoridades competentes a fin de recoger armas o municiones entregadas voluntariamente en condiciones de amnistía o, en caso necesario, en operaciones más agresivas.
Aunque este tipo de amnistías se concedían a cambio de una confesión pública de los autores, en general (y correctamente, en opinión de la Comisión) el derecho internacional las ha considerado inaceptables.
También han sido consideradas en general incompatibles con la postura aceptada de las Naciones Unidas de que no cabe amnistía en casos de genocidio, crímenes de guerra ni crímenes de lesa humanidad.
La extensión es vital para un tránsito más seguro y digno, sostiene recordando que la amnistía es una medida coherente con lo establecido en el Pacto Mundial para la Migración.
En Honduras, la ONU pide al Congreso que extienda la amnistía que exonera del pago de una multa administrativa de más de 200 dólares a los migrantes que ingresen irregularmente al país.
Después de una tramitación un tanto accidentada en el Congreso, la ley de amnistía ya ha sido aprobada, a la segunda, eso sí, gracias a los votos de los partidos del Gobierno y de sus socios nacionalistas e independentistas.
Porque así eso hace que todas las causas judiciales que se le han podido complicar a Carles Puigdemont también vayan a estar cubiertas bajo esta amnistía.
Se calcula que la amnistía va a beneficiar a 372 personas, por supuesto todas relacionadas con el independentismo catalán, por todos los delitos cometidos durante 12 años.
Ahí también hay un cálculo interno de aragonés y de izquierda para que su rival no rentabilice ante el electorado independentista la amnistía en su totalidad.