Las normas y políticas nacionales sobre la vivienda deberían dar cabida de forma específica a las necesidades y los derechos de estos grupos marginados.
Los Estados velarán por que toda persona disponga de las debidas garantías procesales contra la injerencia arbitraria o ilegal en su intimidad o en su hogar.
Conceder incentivos a la creación de lugares residenciales de precio razonable y albergues temporales, donde se pueda ayudar o apoyar a las víctimas de la violencia.
Han comenzado a surgir en todo el país nuevas formas de delincuencia, por ejemplo robos a mano armada en restaurantes y residencias privadas, así como emboscadas con fines delictivos.
Se apoya en las técnicas modernas y ecológicamente racionales para planificar el ordenamiento urbano y la construcción de viviendas respondiendo a normas de calidad rigurosas, en las zonas urbanas y rurales.