Una de las mayores dificultades para controlar la proliferación ilícita de armas pequeñas es que los actores no estatales pueden obtenerlas con gran facilidad.
Según se ha observado además, bastantes de esos territorios mantienen una relación de libre asociación con un Estado soberano o son territorios no autónomos.
La decisión de la reunión de los miembros no podía, pues, considerarse tampoco como decisión de segunda instancia porque era resultado de actuaciones no judiciales.