La empleada la llamó haciéndose pasar por funcionaria judicial y la amenazó con cortarle la luz y bloquear su cuenta corriente si no pagaba la deuda a la compañía.
Es que el Estado peruano le otorgó la explotación de la mina a la Corporación Ananea, una sociedad anónima local, que a su vez alquila la explotación a unos 300 contratistas.
Se estima que desde 2022 las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de al menos 1.000 organizaciones sin ánimo de lucro, de las cuales más de 320 serían de carácter religioso.