Como ya se ha mencionado en informes anteriores, la República Checa tiene todavía que instrumentar jurídicamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tras declinar la invitación del Tribunal Superior para complementar las pruebas, el abogado de la empresa intentó sin éxito hacerlo ante el Tribunal de Apelación.
Es que el Estado peruano le otorgó la explotación de la mina a la Corporación Ananea, una sociedad anónima local, que a su vez alquila la explotación a unos 300 contratistas.