Estos planes incluyen medidas de emergencia para los colegios electorales y los centros de recuento de votos así como para las manifestaciones políticas.
Algunos observadores consideraron que la libertad de reunión pacífica no debería estar sujeta a ningún tipo de reglamentación y que la Ordenanza debería revisarse.
Las mujeres políticas a menudo defraudan a sus votantes femeninas, en parte por falta de comunicación entre los dos grupos lo que podría solucionarse celebrando reuniones periódicas.
Las reuniones públicas que desafían estas restricciones han llevado a la detención por períodos breves de estudiantes, activistas políticos, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y otros.
Con todo, la violencia es un elemento generalizado en la vida política del país y suele haber confrontaciones entre los simpatizantes de diferentes partidos durante las concentraciones y manifestaciones.
Tras un debate de nueve horas, el Consejo aprobó una moción en el sentido de que debían mantenerse las disposiciones legales sobre reglamentación de las reuniones y marchas públicas.