Por tanto, es importante hasta este punto reconocer la protección contra los desalojos forzosos como un elemento bien diferenciado del derecho a la vivienda.
Prohibir la imposición de áreas protegidas y reservas forestales en territorios de los pueblos indígenas y poner fin al desalojo involuntario de los pueblos indígenas.
Eso conllevaría medidas más enérgicas con respecto al desalojo de quienes, con la amenaza de recurrir a la violencia, están utilizando propiedades serbias de forma ilícita.
En la mayoría de los casos, los desalojos forzosos responden a proyectos de desarrollo, como las presas de centrales hidroeléctricas, la minería y la explotación forestal.
El Grupo Consultivo sobre Desalojos Forzosos supervisa, selecciona y, previa solicitud, promueve alternativas a los desalojos ilegales y, en lo posible, facilita la reubicación negociada de los desalojados.
El informe ayudó a que el Gobierno prestara atención al problema y proporcionara asistencia a los pobres que se habían quedado sin vivienda a causa de los desalojos.
El Relator Especial recomendó que se declare una moratoria sobre todos los desalojos forzosos hasta que se disponga de una política nacional en materia de vivienda y de tierra.
El Comité lamenta que no se haya dado una respuesta satisfactoria a sus observaciones finales precedentes, ni a las preguntas escritas u orales de la delegación, sobre el desalojo forzoso.
El desalojo forzoso es una de las violaciones al derecho a la vivienda que enfrentan más comúnmente los pueblos indígenas de todo el mundo, en los medios urbanos tanto como rurales.
Los testimonios recabados en las consultas regionales también subrayaban las consecuencias que acarrea el hecho de tener que vivir constantemente bajo la amenaza del desalojo y otras formas de violencia conexas.
La requisa de bienes, los desalojos forzados, la destrucción de viviendas y la quema de viviendas de civiles son más comunes en las zonas en que se lucha contra los sublevados.
En varias ocasiones, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha declarado que los desalojos forzosos son incompatibles en principio con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los expertos reiteraron su preocupación por la situación en Masafer Yatta, donde más de 1100 residentes palestinos siguen en riesgo inminente de desalojo forzoso.
Al mismo tiempo señaló que " la expansión de los asentamientos por parte de Israel, así como las demoliciones de viviendas y los desalojos, están provocando ira y desesperación" .
También apuesta por suspender el pago de deudas " para aquellas personas que de otro modo no serían capaces de hacer frente a la crisis de salud pública" y añade que los " desalojos masivos tienen que ser absolutamente prohibidos" .