Allí se pagan la mayoría de los impuestos federales, pero no hay real injerencia en las decisiones que se toman en Washington DC: ni en el Congreso ni tampoco en la Casa Blanca.
Por eso, dicen, es crucial que tanto la Corte como sus funcionarios puedan desempeñar las funciones vitales que les confiere el Estatuto de Roma sin verse obstaculizados por presiones, injerencias o intimidaciones de ningún tipo.