Varios interlocutores, entre ellos funcionarios de la administración, miembros de la comunidad internacional y de ONG, se quejaron del abuso de poder del ejecutivo.
Sin embargo, los palestinos se quejaron de que la mayoría de éstos eran presos administrativos o presos que ya tenían que haber sido puestos en libertad.
Algunos Estados participantes se han quejado de la aplicación de dobles raseros y han pedido que se examine la manera en que la OSCE supervisa las elecciones.
Muchos se quejan de que, a pesar de lo que se asegura en público, las instituciones financieras internacionales no han apuntado financiación para proyectos relacionados con la seguridad.