Además, la queja carece de la fundamentación necesaria para que sea compatible con el artículo 22 y, en consecuencia, se la debería declarar inadmisible.
Los gobiernos deben armonizar sus leyes y normas pertinentes con todos los instrumentos internacionales y las necesidades que imponen las situaciones de desastre.
Para ello toman en consideración solamente los criterios impuestos desde los centros mundiales de poder, a espaldas del principio cardinal de la libre determinación.
No obstante, en el informe no se menciona ninguna iniciativa gubernamental para corregir la situación y ajustar las leyes a la propia Constitución del país.
Por lo tanto, es muy importante que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para modificar las leyes discriminatorias y ponerlas en conformidad con la Convención.
El Relator Especial considera que es preciso reformar de manera consciente e inmediata los procedimientos judiciales para ajustarlos a las normas internacionales y al Estado de derecho.